El único voto negativo provino del diputado Julio Ledesma, secretario general de Empleados de Comercio de la zona oeste, que abandonó el espacio de Francisco de Narváez y esta semana cerró filas con Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño y titular del PRO.

Después de más de tres horas de debate, la Cámara aceptó las modificaciones realizadas por el Senado en abril último, y ratificadas ayer en un plenario de las comisiones de salud, Familia, Legislación General Y Presupuesto.

Así, la iniciativa se convirtió en ley casi un año después de su sanción en Diputados (el 27 de junio de 2012) y luego de una fracasada votación en general registrada en noviembre de 2011, que debido a la falta de acuerdo para su aprobación en particular, caducó cuando en diciembre se renovó el cuerpo con el ingreso de los legisladores electos en octubre de ese año.

El debate de esta tarde se acotó debido a que en aquella sesión de junio pasado habían hablado la mayoría de los legisladores en un debate que se extendió por más de nueve horas.

La sesión de hoy fue seguida desde los palcos del recinto y en las inmediaciones del Palacio Legislativo por militantes del proyecto agrupados en ONGs como `Dar Vida`, `FALGBT`, `Megafón`, `Concebir`, `Sumateadarvida.org`, entre otras.

En la apertura de la consideración del tema, la presidenta de la comisión de Salud, María Elena Chieno (Frente para la Victoria), afirmó que el proyecto de fertilización asistida "marca un nuevo camino en las políticas de inclusión que se están llevando adelante en Argentina".

"Creemos que con esta política de inclusión venimos a dar un paso más porque esta ley no se queda en la patología que genera la infertilidad, sino que incluye a todos los que por otras causas no pueden procrear", reflexionó.

Desde el radicalismo, la diputada María Luisa Storani consideró que “la aprobación de la ley de fertilización asistida es un avance de nuestra Democracia” y expresó: “Por fin saldamos una deuda pendiente con la sociedad".

“Hubo lobby de todo tipo, pero finalmente logramos que tenga tratamiento un proyecto cajoneado durante años. Esta ley es el principio del fin de una práctica desigual”, remarcó y admitió que le preocupa “el tiempo que lleve la implementación de la norma, ya que demanda mucha inversión y otras complejidades para llevarla adelante".

En nombre del interbloque Frente peronista, Gustavo Ferrari, señaló: “Estamos derribando barreras, la más importante era la económica que impedía que muchas familias accedieran a estos tratamientos, que marcaban diferencias entre los que más tenían y los que menos tenían, hoy estamos legislando en acceso a derechos".

Por su parte, desde Libres del Sur, bloque integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), Victoria Donda manifestó que “hoy es un día muy importante por lo que significa un golpe al negocio para pocos que afecta a más del 20 por ciento de la población que no puede acceder a los tratamientos. Una norma que le pone fin al lucro con la esperanza de quienes no pueden llegar a ser padres”.

Desde el bloque del PRO, su presidente Federico Pinedo, explicó que se abstuvieron al momento de la votación debido a “diferencias internas” que dividían a la bancada en torno al posicionamiento frente al proyecto. “Nos abstenemos para no votar en contra”, justificó.

El proyecto que hoy se convirtió en ley incluye entre su ámbito de aplicación los tratamientos realizados con asistencia médica para conseguir un embarazo; y entre los procedimientos quedan comprendidos las técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos o embriones.

Asimismo, podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnicos-científicos que sean autorizados por el Ministerio de Salud.

Indica además que los procedimientos se podrán realizar en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos determinados.

Entre los cambios al proyecto, el Senado incluyó la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación tenga la facultad de capacitar a los profesionales y que se incluya una partida presupuestaria, a nivel nacional, para realizar campañas de promoción sobre la nueva legislación.