De acuerdo con los registros de la AFIP, la persona no presentaba bienes a su nombre y no poseía declaraciones juradas del IVA, respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005. El hecho fue detectado en 2007 y se notó que tampoco existían declaraciones juradas respecto del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ni aportes a la seguridad social.

A pesar de ello, siempre según la UIF, el banco no consideró sospechoso el depósito de más de cinco millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes bajo la modalidad cheques 48 horas, librados por 500 mil y 232 mil pesos y que tuvieron como destinatario a una misma persona jurídica.

Tras iniciarse el sumario, el banco presentó el reporte de la operación realizada casi tres años antes, pero la UIF señaló que tal presentación resultaba "extemporánea y defectuosa". La normativa antilavado vigente al momento de los hechos establecía, concretamente, un plazo de seis meses para reportar la operación sospechosa.